Mamá, quiero ser lobista, pero me miran mal

Enviado el 25 Noviembre, 2016 en Actualidad, Portada | Sin comentarios (aún)

Mamá, quiero ser lobista, pero me miran mal

“Un lobista me explica en tres páginas y diez minutos lo que mis asesores tardan una semana con un montón de papeleo”, decía John F. Kennedy, en lo que probablemente sea una de las definiciones más lúcidas de la historia sobre la utilidad del lobby. No, no hablo del vestíbulo de un hotel, aunque fuese en un vestíbulo, el de la Cámara de los Comunes inglesa, dónde hace 186 años se acuñó el término. Hablo de la actividad de los llamados grupos de interés que buscan influir en los legisladores para mejorar el entorno de negocio de las empresas a las que representan. Y, ¡sorpresa!, voy a hablar bien de ellos. No sólo porque yo me dedique a ello tangencialmente, sino porque en las últimas semanas he tenido motivos: tres páginas y la portada del suplemento Negocios de El País dedicada al asunto y la presentación del estudio La visión empresarial de los public affairs en España de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Escuela Internacional de Comunicación (EIC).

Que la acción de lobby está mal vista no es ningún secreto. Casi ningún lobista se define a sí mismo como tal (al menos, fuera de Estados Unidos y Bruselas, dónde la actividad está normalizada); se prefieren los términos de profesional de las Relaciones Institucionales o de los Asuntos Públicos. Y si lo hace, sabe que se enfrenta a todo tipo de miradas, casi todas torcidas, y a más de un ¿eso-que-es-lo-que-es? Porque, al mismo tiempo, el lobby es un gran desconocido: pondría la mano en el fuego porque un 90% de mis lectores habituales ha desconectado nada más leer el titular o las primeras líneas de este post. No les culpo.

Pero, como decía JFK, la acción de lobby es necesaria. ¿Quién mejor que las propias empresas para contarle su problemática a los políticos y proporcionar ideas para mejorar el entorno de negocio? Eso sí, después de escuchar, los políticos han de ser capaces de discernir qué intereses son legítimos y contribuyen al bien común y cuáles no.

El mundo del lobby sabe que tiene la ardua tarea por delante de prestigiar una actividad legítima. Y acciones como las que comentaba al principio de este post, como conseguir un despliegue en El País o un estudio como el de APRI y la EIC, son muy buenas iniciativas.

Tres palabras son clave en esta tarea y ocupan un lugar muy elevado en el manual del buen lobista: regulación, transparencia y registro. En España, la necesidad de regular que durante años han defendido muchos profesionales del sector saltó a la palestra tras los escándalos de corrupción, pero de momento los intentos se han quedado en eso, intentos. En cuanto a la transparencia, en nuestro país es complicado saber siquiera cuántas personas se dedican al lobby (en Bruselas hay 20.000, según los datos de El País). Por el lado del registro, de momento sólo la CNMC cuenta con una iniciativa semejante (voluntaria, eso sí), a la que se han apuntado ya 350 entidades. El estudio llevado a cabo por APRI y EIC –a través de encuestas con directivos que se dedican a los asuntos públicos desde empresas y asociaciones– muestra que el 100% de los entrevistados se muestra a favor de un registro de representantes de grupos de interés ante el poder legislativo. Y más de un 90% considera que también tiene que haberlo ante el Ejecutivo.

“El primer cambio debe llegar desde la Administración, que percibe el interés particular en contra del interés público. La Administración debe legitimarlo, como ocurre en el mundo anglosajón”, afirmaba Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona, en el debate que siguió a la presentación del estudio. A lo que Emilio Gallego, secretario general de FEHR, añadía que “la Administración trabaja muy ensimismada en sus estructuras; debería mostrar más confianza hacia sociedad, empresas, asociaciones y ciudadanos”.

Más allá del importante papel de la Administración en la normalización del lobby, yo añadiría que las propias compañías no deben resistirse a la transparencia; porque este tipo de actividades, siempre que estén dentro de la legalidad y del marco de las reglas del juego, son perfectamente legítimas. No hay por qué avergonzarse de ellas.

Y a los ciudadanos les tocará hacer un esfuerzo para liberarse de los prejuicios y entender que un lobista no es ese señor que ha dejado la Administración y, como tiene muy buena agenda, ha sido fichado por una empresa. Eso son los menos. Los más son profesionales que se ganan la vida honradamente.

Durante esta legislatura, hay una oportunidad de oro para avanzar en todos estos asuntos: en minoría, el Gobierno no va a tener más remedio que estar abierto al diálogo con todos, incluidos los lobbies. ¿Por qué no aprovechar la ocasión para que se regule y se normalice la actividad, de modo que deje por fin de ocupar el rincón más oscuro? Sin duda, sería un avance en beneficio de todos.

Comparte en tus redes:

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *